10 RESEÑA B_Verduzco

Cada quien su imperio.
Preferencias institucionales y
patrones territoriales de inseguridad,
Basilio Verduzco (coord.)*

por Alejandro Mercado Celis**

La violencia, inseguridad y falta de confianza en las policías y organismos de impartición de justicia es el problema número uno en el país. Las campañas de los partidos políticos están marcadas por un discurso en el que se comprometen todos los candidatos a ser duros y, a diferencia de sus antecesores, a emprender una lucha frontal contra la delincuencia. La crisis de seguridad que vivimos ha producido una vasta cantidad de organizaciones civiles que muestran la desesperación de las víctimas ante la falta de resultados en el castigo a sus victimarios. Con una participación activa en medios masivos, estas organizaciones nos mantienen informados del aumento de secuestros, de la ineficiencia en la aplicación de la ley, de la violación a los derechos humanos, del tortuguismo en la aplicación de la justicia. Sin embargo, pasa el tiempo, vienen cambios, se introducen estrategias, y los índices de impunidad se mantienen en niveles que, de tan altos, son incomprensibles. Todo esto enmarcado en estrategias que se repiten constantemente, pese a su probada falta de resultados: purga y formación de nuevos cuerpos policiales, patrullajes de militares conocidos como “desfiles”, razias, retenes, controles de confianza, etcétera.

En este contexto, el libro coordinado por Basilio Verduzco nos da un respiro; no porque contenga recetas sencillas para resolver la crisis de violencia e inseguridad, sino porque nos permite empezar a racionalizar y comprender algunas de las estructuras que la soportan y reproducen. Nos permite identificar las contradicciones fundamentales del sistema de gobernanza construido en México, la racionalidad de los actores que implementan políticas ineficientes o francamente impulsoras de cotos de poder, que se convierten en fuentes de violencia. Nos ayuda también a entender algunos procesos microsociales y organizacionales que están detrás de la impunidad y que impiden emprender un aprendizaje institucional, base para el diseño de estrategias puntuales y exitosas.

Más allá de la valiosa información generada en los estudios de caso que componen el libro, me parece que su aportación central son los enfoques teórico-metodológicos empleados, ya que ofrecen un instrumento de estudio de la inseguridad reproducible por otros investigadores, por los propios cuerpos de seguridad o por los legislativos, para mencionar sólo algunos. Me refiero en particular a la perspectiva geopolítica, al enfoque de las preferencias institucionales y al análisis situacional del delito.

El primero abre una visión distinta a los tradicionales estudios sobre la simple distribución desigual de indicadores de seguridad en el territorio. Nos induce a mirar con mayor atención las variables políticas y la construcción de estructuras de poder a niveles local y regional, así como a evaluar el significado del contexto sociopolítico al interior de las unidades territoriales y sus relaciones con las regiones que las rodean o con las que interactúan. El enfoque geopolítico también exige contemplar la posición de lo subnacional con respecto a los procesos transnacionales, como en los casos de los flujos de migrantes y las redes transnacionales de narcotráfico. Por otra parte, nos invita a observar a las regiones en sus diferentes capacidades de movilización política y, en particular, en la implantación desigual de las instituciones democráticas y de su correspondiente cultura ciudadana.

En el capítulo i, de Verduzco -sobre la construcción de fronteras internas- y en el capítulo ii de Valenzuela y Verduzco -sobre gobernabilidad, migración y redes transnacionales criminales- se utiliza el enfoque geopolítico para desvelar la construcción multidimensional de espacios de poder y control, que denominan “imperios”. Éstos, a la vez que estructuran el territorio -ya que tienen una dimensión espacial- infunden en él contradicciones esenciales que complican los patrones territoriales de la inseguridad, al tener como base formas organizacionales en las escalas local, regional, nacional y transnacional que se yuxtaponen y entran en competencia entre sí. La regla no escrita de “a cada quien su imperio” es la simiente perfecta para un Estado de derecho débil y el florecimiento de la inseguridad.

El segundo enfoque teórico-metodológico con el que contribuye el libro es el de la preferencia institucional y la racionalidad de los actores en el posicionamiento frente a opciones de política. Es difícil muchas veces entender por qué o cómo es que se alcanzan consensos sobre determinadas políticas públicas; lo es aún más cuando existe evidencia de que esas políticas públicas están fuertemente cuestionadas e incluso hay pruebas documentadas en contra de ellas. Tomando como estudio de caso la propuesta de mando único policial, los capítulos de Sánchez Orozco (capítulo iii con Verduzco, y iv y v como autor único) buscan entender los elementos que influyen en la formación de posicionamientos de actores ubicados en diferentes instancias y niveles gubernamentales. La investigación es muy interesante y metodológicamente bien ejecutada. Más que los resultados finales, que indican un apoyo al mando único por parte de la mayoría de los actores entrevistados, lo interesante desde mi punto de vista es su explicación de cómo se llega a apoyar una decisión sobre la cual se puede estar en principio en contra o tener dudas serias sobre su éxito. Sánchez Orozco nos dice que esto ocurre por la posición individual con respecto de las expectativas e incertidumbres que los actores se forman del futuro y de la interpretación de información limitada y los atajos informativos que permiten la confianza y experiencia.

Hay que resaltar que los capítulos de Sánchez Orozco, más allá del estudio de caso, hacen una buena contribución al debate nacional sobre inseguridad al dar voz a actores a quienes prácticamente nunca escuchamos; me refiero a los mandos medios de los cuerpos de seguridad, presidentes y ex presidentes municipales, funcionarios de nivel operativo a escalas estatal o federal. Conocer sus opiniones en un contexto de anonimato permite que viertan información crítica para entender desde su posición sus perspectivas sobre la inseguridad. Los resultados de esta sección del libro sobre el mando único invitan a implementar líneas de investigación cualitativa, en cercanía a estos actores, para entender su lógica, sus convenciones, sus marcos de acción, sus prácticas laborales, sus redes sociales, sus determinaciones institucionales, geográficas e históricas.

Los capítulos de Pacheco Vargas (el v en coautoría con Verduzco, y los vi y vii como autora única) analizan el contexto microsocial en el que sucede el crimen de robo a casa habitación y las prácticas concretas con las que los ministerios públicos realizan su labor de investigación. Lo que resalto de su contribución es que permite evaluar a las agencias investigadoras en su capacidad de acopiar información relevante y de producir nuevo conocimiento con ella. Es decir, nos abre una ventana a la capacidad de administrar el aprendizaje institucional dentro de las organizaciones de seguridad. El aprendizaje en cualquier organización es esencial, es la fuerza motora que permite innovar y ser efectivo.

Los capítulos citados nos muestran cómo los procedimientos de recopilación de información de los denunciantes, y los procesos rudimentarios de acopio y administración de la información impiden su uso efectivo, debido a que los procesos burocráticos, el uso de tecnologías obsoletas y la falta de incorporación de nuevas imposibilita generar información que pueda ser asimilada, entendida y transformada en conocimiento. La información así generada no sólo es limitada para el caso particular que se ha de investigar, tampoco permite la agregación de información fina que facilite encontrar patrones entre los casos individuales.

Es tan ineficiente el procedimiento de denuncia, acopio de información e investigación, que los propios agentes indican que el delito de robo a casa habitación es muy difícil de resolver porque las víctimas no ven a sus victimarios; es decir, sin identificación visual del atacante, los casos quedan impunes. Creo que el análisis situacional puede generar cambios concretos para mejorar a los organismos policiales al menos en este tipo de delitos. Esta es un área crítica de atención: la apropiación de nuevas tecnologías, el diseño organizacional que permita el aprendizaje, la construcción de estructuras que garanticen la posibilidad de visualizar patrones generales en forma oportuna. El trabajo de Pacheco Vargas muestra los resultados positivos de un análisis que conecta los casos individuales. Utilizando sistemas de información geográfica, análisis estadístico, así como entrevistas a las víctimas y visitas a las viviendas robadas, logra encontrar patrones espaciales en la comisión de este delito. Pacheco es capaz de atar cabos, encontrar significado a los casos individuales y llegar a generalizaciones útiles para la prevención del delito.

Estos capítulos inducen a pensar que se requiere simplificar y enriquecer los procedimientos para captar información de los denunciantes, y también el uso de tecnologías como los sistemas de información geográfica (sig) y otras formas de almacenaje y administración de bases de datos, pero sobre todo la creación de instancias -ya sean ciudadanas, académicas o internas- que rutinariamente realicen el trabajo que en este caso hizo una investigadora; es decir, analistas desligados de los casos particulares que se encarguen de construir ligas, encontrar patrones y atar cabos entre las denuncias individuales.

De las conclusiones del libro -elaboradas por Verduzco y Valenzuela-, que reúnen de forma sintética los logros conceptuales y empíricos de la obra, destaco una de las cuestiones que marca la acción estatal frente a la inseguridad: me refiero al problema de la legitimidad en el uso de la fuerza. Mientras que no se pueda lograr un respeto claro y transparente de los derechos humanos, separar a los cuerpos de seguridad de los intereses de grupos específicos -dentro o fuera del gobierno- y, por lo tanto, tener el respaldo de la sociedad para el uso de la fuerza, estaremos lejos de generar mejor seguridad para todos los mexicanos. Si bien el texto se pudiera haber beneficiado de una mayor síntesis en la descripción teórica de cada uno de los capítulos y de aportar más datos empíricos en aquéllos sobre fronteras internas y redes transnacionales, el resultado final permite entender y racionalizar algunos de los procesos subyacentes a la persistencia de la violencia, a la impunidad y a la decisiones que se toman para combatirla.