Hasta ahora la discusión sociológica no se ha preguntado cómo puede distinguirse entre la violencia y el despliegue concreto de fuerzas físicas. Si la acción de las fuerzas del viento daña el rotor de un molino de viento, resultará difícil considerar el caso como violencia. En cambio, si el propietario del molino, lleno de ira, golpea con su puño la nariz del fabricante, el acto se identificará como violencia. En ambos se emplea fuerza y resultan dañados ciertos objetos físicos situados en el espacio. Sin embargo, se realiza una distinción de categoría entre el daño de un rotor por acción del viento y el de un tabique nasal por un puñetazo.

Para los fines de conceptualizar la distinción entre la violencia, por un lado, y la acción y el efecto de fuerzas físicas aplicadas, por otro, propongo entender el ejercicio de la violencia como un acontecimiento que tiene lugar dentro de lo social. La violencia sólo la pueden ejercer seres reconocidos como personas sociales, quienes a su vez sólo pueden dirigirla hacia seres igualmente reconocidos. Si se acepta el planteamiento, su fundamentación puede seguir dos vías distintas:

El círculo de personas sociales se corresponde con el conjunto de los seres humanos. De esta manera, estos últimos ejercen recíprocamente la violencia unos contra otros. Así conceptualizada, la violencia sería un universal antropológico. En esa dirección se expresa Popitz (2009: 44) al distinguir en los seres humanos las propiedades de Verletzungsoffenheit (“apertura al daño”) y Verletzungsmächtigkeit (“cualidad de poder para dañar a otros”). También Collins (2008), Reemtsma (2008) o Trotha (1997) conciben la violencia como antropológicamente fundada. En este caso, el círculo de personas legítimas se establece desde la perspectiva de un observador moderno, la delimitación circunscribe la violencia a la violencia corporal (körperliche) directa, y se acepta con ello que, desde la perspectiva del observador, se la puede identificar de manera directa como un acontecimiento inmediato.

Si se elige la segunda vía es indispensable definir la socialidad de manera formal, pero determinando cuáles son las entidades que deberían considerarse actores (Akteure)¹² sociales. La socialidad se debe concebir, más bien, de tal manera que el hecho de establecer límites entre actores sociales o personas y otras entidades se haga visible como fenómeno. Al investigar empíricamente la delimitación del círculo de personas sociales (Lindemann, 2009: cap. 6.2), resultó ser fructífera la siguiente característica formal que se observó en el fenómeno de comprensión de personas: entiendo por personas sociales a aquellos seres que a) tienen expectativas de que sus expectativas sean recíprocas,¹³ y que b) tienen expectativas de terceros que tengan expectativas, a su vez expectables, sobre los demás.

Los seres que se encuentren en plexos de este tipo conforman un orden institucional (mediado por terceros) (Berger y Luckmann, 1980; Lindemann, 2014; Luhmann, 1972). En este sentido, las comunicaciones estructuradas tríadicamente constituyen la unidad mínima que una observadora sociológica tendría que considerar. Así, la observadora no presupone el círculo de personas sociales, sino que investiga en el campo cómo se distingue entre personas sociales y otras entidades dentro del marco de los procesos de comunicación tríadicos (Lindemann, 2014: cap. 3.1).

¿Cómo entra en juego la violencia al analizar la distinción entre personas sociales y otras entidades? La persistencia de las estructuras comunicativas o de las instituciones de la sociedad tiene momentos de apoyo diversos. La violencia es uno de ellos, y se trata de un momento particularmente destacado y problemático. El momento de apoyo más importante de la socialización institucional es aquel en que las estructuras de expectativas se vuelven autoevidentes, debido a lo cual los participantes involucrados orientan sus acciones-comunicaciones-interpretaciones hacia ellas. En este caso, los decursos¹⁴ institucionalizados de acción o comunicación pueden transcurrir, en mayor o en menor medida, sin interrupciones. La autoevidencia de los plexos de acción institucional enmarca las relaciones de los actores corporales de una manera rutinaria y el uso, más o menos intensivo, que hacen de los artefactos técnicos. Mientras no existan perturbaciones, no es en absoluto necesario distinguir entre personas sociales y otras entidades participantes; no obstante, ante el estallido de una crisis se debe distinguir qué seres cuentan moralmente, es decir, qué seres son responsables por las perturbaciones ocasionadas y de qué modo lo son.

Cuando se trata de elaborar una crisis dentro de un decurso institucional, la violencia puede entrar en juego de dos maneras: para estabilizarlo y para cambiarlo. Estabilización: si las expectativas son decepcionadas, en un primer momento se ponen en marcha medidas de reparación inmanentes a la institución. A la infractora se le llama la atención por su error y ella lo corrige o pide disculpas o comprensión por ello. De esta manera reconoce la vigencia de la expectativa normativa. En este caso la infractora representa la validez de la norma, pues la reconoce y modifica su comportamiento, sintiéndose culpable o avergonzándose. La perturbación está contenida y pasará sin amenazar al plexo de acción en su conjunto. Si la infractora no comunica la validez de la expectativa infringida, la parte agredida o alguien en esa posición debe representar la vigencia de la expectativa normativa. Esto es particularmente indispensable cuando los participantes viven la decepción de expectativas como una amenaza que pone en peligro la vinculación general de las instituciones de la sociedad. En este caso, la validez presente y futura de la expectativa normativa debe marcarse de manera notoria y generalizada. Esto muestra de manera simbólicamente vinculante que la vulneración de determinadas expectativas es inaceptable. Aquí reside el significado de la violencia para los procesos de socialización: su ejercicio muestra que los participantes se representan la validez de expectativas normativas de manera generalizada. A través de la violencia el destinatario es representado como persona social y la expectativa vigente, decepcionada. Cambio: los participantes particulares pueden vivir el decurso de la acción institucional como una vulneración de las expectativas normativas. En este caso, a través de la violencia se representa que las expectativas en las que se apoya el decurso institucional no deben reconocerse como válidas desde un punto de vista normativo, sino que más bien deben serlo las expectativas que las contradicen de manera generalizada. Tal sería el caso, por ejemplo, si los trabajadores muelen a palos a un capataz que los insta a no exceder el tiempo de descanso pautado.

La violencia se convierte, así, en un elemento del proceso comunicativo, en el que los participantes representan la validez de las estructuras de expectativas los unos para los otros, distinguiéndolas así de meros casos de fuerza física aplicada. La violencia no es un acontecimiento inmediato. No se la puede desgajar de los plexos comunicativos, pues a través de ella el destinatario es representado como una persona social y las expectativas decepcionadas, como vigentes. Por lo tanto, la violencia puede conceptualizarse en los términos de la “inmediatez mediada” (Plessner, 1975: 321 y ss). Por un lado, se trata de una interacción corporal inmediatamente antagonista -la violencia se ejerce y se padece-. Por otro lado, la violencia está mediada simbólicamente, por lo que, para ella misma efectivizarse, debe volverse comunicativa. La violencia es en sí misma un símbolo y sólo puede entenderse en el marco de simbolizaciones ulteriores. Esto significa que la violencia no se puede comprender sin los discursos que la califican como tal y que aluden a ella. Esto implica que, para identificarla, son necesarios dichos discursos, y para conceptualizarla se requiere una teoría que capte tanto su inmediatez corporal como su mediación simbólica.

Poder distinguir con seguridad entre el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y la violencia ilegítima es propio del modo institucionalizado en que los Estados democráticos modernos se comprenden a sí mismos. La teoría de Thomas Hobbes (1984) es una referencia clásica de la formación de esta autocomprensión moderna. La violencia ilegítima es aquella que ejercen los particulares y pertenece al estado de naturaleza o condición natural del hombre. Al considerársela así, la violencia es un medio para alcanzar el fin de resguardar la propia vida y, como tal, carece de todo valor expresivo. El paso a la sociedad se caracteriza por la cesión del derecho a la violencia de los particulares en favor del Leviatán. La superación (Überwindung) de la violencia ilegítima y el establecimiento de una legítima y única hacen posible la sociedad, cuya existencia presupone entonces que la violencia legítima la ejercerán grupos facultados para tal efecto y que los sometidos a ella reconocen su legitimidad. Este es un aspecto que se desarrolla aún más en la sociología de la dominación de Weber, que conserva al mismo tiempo el carácter instrumental del ejercicio de la violencia (Weber, 1980: 28 y ss, 122 y ss).¹⁵

Con Durkheim (1991) y Simmel (1983), la producción de teoría sociológica creó un programa que elimina el estado de naturaleza y lo reemplaza por los problemas lógicos de la formación de estructuras y la reproducción del orden. La violencia se convirtió así en un tema secundario. También prescindieron de ella las teorías sociales y de la sociedad posteriores, que más bien dieron prioridad a temas como la génesis o el proceso autocomprensivo de los ordenamientos institucionales de la sociedad, que fueron conceptualizados, por ejemplo, como plexo de acción de actores racionales (Esser, 1993); como orden comunicativo de sistemas autopoiéticos (Luhmann, 1984); como plexo de acción cooperativo de los seres humanos (Mead, 1987), o de las cosas y los seres humanos (Latour, 2007); o como coordinación de la acción comunicativa o sistémica (Habermas, 1995). La premisa de todas estas teorías sociales es que la socialización sucede o debería suceder realmente sin violencia. Por lo tanto, en sus categorías fundamentales, es decir, en aquéllas especialmente elaboradas para describir los principios de la socialización, no se encuentra la violencia. A lo sumo se la puede considerar como un recurso o una restricción para asegurar el poder o la dominación desde la teoría de la acción de Weber y las teorías modernas del rational-choice.

La marginación del tema de la violencia en la sociología general parece estar relacionada con la eliminación temática del estado de naturaleza y de toda reflexión sobre el paso al estado de socialización. El adiós teórico al estado de naturaleza tuvo buenas razones. La sociología reemplazó el relato originario por el análisis material de la diferencia entre sociedades modernas y no modernas. Ahora bien, la pregunta a formularnos es si todo esto debe implicar necesariamente la eliminación de la violencia del marco de la teoría social general.

Mi intento de conceptualizar la violencia en los términos de la teoría social no conecta con Weber. Para él, la violencia es primordialmente un medio instrumentalmente empleable, y debido a esta concepción deja fuera de toda consideración a la dinámica sociológicamente relevante de la inmediatez de la interacción violenta y la dimensión simbólico-comunicativa de su ejercicio. En lugar de ello optaré, en conexión con Plessner (1975: 321 y ss) , por concebir a la violencia como “inmediatez mediada”. Esto significa que la entiendo como una interacción inmediatamente corporal, técnicamente mediable, que al comunicarse de manera generalizada es mediada, a la vez, simbólicamente. Esto implica que la violencia es identificable y comprensible como tal únicamente a través de las mediaciones comunicativas.

El punto de partida de las regulaciones de procedimiento de la violencia es el concepto de violencia elaborado hasta aquí, es decir, el concepto de violencia tríadicamente estructurado. La violencia no es sólo un acontecimiento inmediato sino que, en razón de su estructura tríadica, está intrínsecamente integrada en mediaciones simbólico-comunicativas, incluidas a su vez en mediaciones discursivas más abarcadoras. Las estructuras de expectativas estabilizadas de estas regulaciones son el resultado de procesos de institucionalización reflexivos corrientes. La configuración institucionalizada del ejercicio de la violencia puede mostrar dos tendencias: una que obliga a llevarla a cabo de manera ininterrumpida y recíproca (institucionalmente mediada por terceros), y otra tendencia a la creciente sublimación de la sociedad del ejercicio de la violencia. El primer caso se presentaría si los grupos de parentesco se enfrentaran entre sí en un círculo irresoluble de contraviolencia obligada. En situaciones de este tipo ningún participante del grupo puede rehuir de la violencia contra los otros, ya que están obligados ante los demás miembros a tomar venganza. Girard describe esta circunstancia como el “terrible deber de la venganza” y puede llevar a las sociedades a la autodestrucción (Girard, 2002: 28). También este caso es una racionalización tríadicamente estructurada, ya que conduce en última instancia al desencadenamiento de la violencia física. Racionalización significa aquí que el ejercicio de la violencia no es espontáneo, sino que lo impulsa la obligación, mediada por terceros, de vengarse, es decir, que se trata de una obligación que puede ser criticada y justificada. Las sociedades quedan atrapadas en círculos de venganza mortal obligada y tienden a destruirse a sí mismas. Por su parte, la racionalización de la violencia realizada de manera institucional y mediada por terceros puede encarrilarla hacia formas más acordes con la vida cotidiana. Me referiré a estas regulaciones de procedimiento de la violencia al final del apartado.

Las regulaciones de procedimiento de la violencia descritas a continuación se entienden como construcciones típico-ideales que sirven heurísticamente para la realización de investigaciones empíricas. Estas fijan:

¿Cómo delimitar el círculo de personas legítimas?

Sólo si se logra transformar la configuración de la representación de los derechos de tal manera que el círculo de obligaciones recíprocas de violencia quede disuelto podrá detenerse la autodestrucción de los procesos de socialización. De acuerdo con Girard (2002: 36) surgieron a lo largo de la historia tres posibles transformaciones de la representación inmediatamente violenta del derecho:

La representación violenta del derecho se lleva a cabo sobre una víctima. En este caso, el derecho es representado aún de manera directamente violenta, aunque de manera concentrada y, en esta medida, transformada.

Las tres formas de representación de la validez del derecho señaladas por Girard, tanto como la cuarta forma añadida por mí, se entienden aquí como institucionalizaciones, que se vinculan de manera reflexiva con las generalizaciones simbólicas del uso legítimo de la fuerza. Los tipos ideales mencionados no constituyen una lista exhaustiva, siendo lo más probable que deba complementarse y diferenciarse a partir de investigaciones históricas.

El sacrificio: en esta primera forma la víctima de sacrificio es una entidad colocada sobre el límite de lo social. Debe ser lo suficientemente social como para exhibir por sí misma la plenitud de sentido de la violencia, pero también es necesario que no detente una posición central dentro del entramado (Gefüge) social, porque de lo contrario su asesinato exigiría venganza.²¹ Una víctima de sacrificio simboliza la violencia contra toda violación de la norma y homogeneiza las distintas referencias a terceros. El uso de la fuerza contra la víctima hace posible que las referencias a terceros en general se desprendan de las referencias a terceros concretos, y gracias a ello se institucionaliza un tercero generalizado como punto de referencia normativo para los participantes. Todos acuerdan, en estos términos, que las normas conservan plena vigencia y que no deben matarse entre sí para representarlas. De manera que, más allá de infracciones ocasionales a la norma, en adelante pueden vivir juntos pacíficamente.

La equiparación: la segunda forma implica la introducción del principio de equiparación e institucionaliza procedimientos especiales. Tales procedimientos son posibles gracias a posiciones de terceros específicas, que incluyen en germen formas no violentas de reciprocidad, mediación y arbitraje entre las partes. Aquí la representación violenta del derecho de la parte damnificada se sustituye por configuraciones de procedimientos especiales, como el intercambio de dones, el pago de multas, los juicios divinos o las luchas por la representación.²² Dentro del marco de la reciprocidad, los actos de magia también pueden interpretarse como actos de violencia y exigen ser correspondidos (Favret-Saada, 1979). En este caso se requieren terceros que sean capaces de identificar al victimario o el tipo de magia ejercida, y que también lo sean de responder.

La introducción del principio de equiparación en el ámbito de una teoría social tríadica facilita el acceso a una diferenciación que Girard no consideró. Cuando la comprensión de la violencia y del derecho toma como punto de partida una constelación tríadica tiene como punto de llegada una representación de la validez de la expectativa normativa. Esto permite distinguir las regulaciones en función de dónde está puesto el acento de la representación de la validez de la norma: ¿en la parte infractora o en la parte agraviada? En el caso de que se logre la pacificación, el desarrollo del derecho variará sensiblemente de acuerdo con el lugar donde caiga el acento y con la correspondiente asignación de tareas de equiparación. Si los deberes recaen sobre la parte infractora, ésta deberá demostrar que se apegará a la norma en lo venidero. En cambio, si lo hacen sobre la parte agraviada, ésta deberá representar la vulneración de la norma. Sólo en este último caso el desarrollo del derecho tenderá a crear derechos subjetivos que los actores podrán afirmar, y cuya vulneración podrán denunciar y demandar. Tal es el desarrollo en Europa en la transición hacia la modernidad. En este punto tomamos distancia de aquellas interpretaciones del derecho que ponen el acento sobre la parte infractora, debido a que ella podría expresar por sí misma la validez de la norma mediante, por ejemplo, la vergüenza o la autoflagelación. Aquí no se trata de anteponer los derechos subjetivos, sino más bien de subrayar la propiedad del “estar integrado” (Eingebundensein) en relaciones de orden de la sociedad (Bateson, 1985). En este caso también se evita que una sociedad sucumba a causa de la representación violenta de su derecho, pero el desarrollo adoptará una vía por completo distinta.

El tribunal de justicia: en cuanto a cómo se puede desarrollar el derecho, cuando recaen sobre las partes damnificadas las tareas de representación de la validez de las expectativas normativas, cabe ejemplificar con las investigaciones de Achter (1951) sobre el desarrollo del derecho penal en Europa entre los siglos XII y XVI. El presupuesto del desarrollo descrito por Achter es la monopolización del uso de la fuerza pública, calificado por Elias (1976) como el componente central del proceso de civilización europeo. La incipiente centralización hizo posible “asegurar la paz” a través del poder del señor central, quien mediante la amenaza concreta de un uso superior de la fuerza podía establecer el derecho y garantizar su aplicación. La jurisdicción es transferida luego a las cortes o consejos de justicia, que tienen la facultad de definir hechos jurídicos, identificar culpables, tratarlos como sujetos responsables y castigarlos (Achter, 1951; Lindemann, 2009: cap. 3). Estas configuraciones de procedimientos destinados al uso de la fuerza eximen a los participantes de la obligación de tener que representar el ajuste a derecho de las expectativas normativas mediante actos violentos. Y si bien la vigencia del derecho todavía es representada de manera violenta, también es, sin embargo, necesaria la celebración de un acto público, ante la vista de terceros, que Foucault denominó “la resonancia de los suplicios” (Fest der Martern)²³ (Foucault, 1979: 44) , para que el procedimiento violento pueda realizarse. Si el derecho descansa sobre una fuerza pública central y los jueces fallan dentro de procesos legítimos, quedan establecidos los presupuestos para distinguir entre ser y deber ser. El estudio de Achter remarca la conexión que existe entre el desarrollo y el ejercicio de una fuerza pública central y la “etización” del derecho, a partir de la cual un hecho se puede atribuir a una autora del hecho, que es juzgada moralmente: ella no actuó de la manera en que debía hacerlo y debe ser penada por su mala acción. Documentos del momento en que surgió el derecho penal testimonian que esta regulación procesal de la violencia no limitaba sólo a los seres humanos el círculo de quiénes cuentan moralmente. Hay una cantidad significativa de procedimientos seculares, pero también de procedimientos canónicos documentados en los que se demanda a animales, o estos aparecen como parte de un proceso (Lindemann, 2009: cap. 3, con referencias bibliográficas más amplias).

En el marco de un derecho penal etizado, el aspecto simbólico de la violencia pasa a un segundo plano en la configuración cotidiana de las relaciones entre los centros de acción (Aktionszentren) corporales. La representación mediante hechos violentos del derecho ya no incumbe a los particulares, sino que se circunscribe al castigo público violento ejecutado por la fuerza pública central. Si esto es así, la violencia puede racionalizarse también de manera no normativa, como en los casos de la racionalización estética²⁴ o de la racionalización técnica de los medios destinados a herir y asesinar. De todo esto se desprende una regla en apariencia paradójica: cuanto menos inmediatamente predomine el símbolo de la violencia en las relaciones entre los centros de acción corporales, tanto más racionalmente podrán perfeccionarse dichos medios. En una sociedad pacificada se puede aprender mejor a herir y a asesinar de maneras más eficientes.

La representación del derecho libre de violencia: tanto la etización del derecho a través de procedimientos judiciales como la modernidad exclusivamente sustentada en la representación procedimental de la validez del derecho permanecen ocultos en los trabajos de Girard. En un Estado de derecho democrático, los procedimientos jurídicos prescinden en buena medida de la representación violenta del derecho: a los delincuentes se les trata de manera más bien no violenta y el encierro, el castigo propiamente violento, está casi por completo sustraído de la mirada pública y no está dirigido a la representación de terceros. En nombre del pueblo se dictan sentencias, pero el hecho violento, el encierro, no se representa ante el pueblo. Esta regulación de procedimiento de la violencia logró imponerse durante el tiempo de la transición (Sattelzeit) (1750-1850).²⁵ En ese contexto, es decir, en Europa y por primera vez en la historia de la humanidad, el círculo de quienes cuentan moralmente se circunscribió a los seres humanos vivientes. Esto forjó una sociedad compuesta exclusivamente por seres humanos (Lindemann, 2014: cap. 5.3).

Si las regulaciones de procedimiento de la violencia aquí descritas se utilizan de un modo heurístico en investigaciones empíricas, no debe esperarse que las sociedades empíricas puedan reducirse de manera excluyente a las características de una de estas regulaciones. Y si bien puede suceder que alguna regulación predomine, su predominio debe ser impuesto siempre de nuevo en la reproducción cotidiana del orden en detrimento de otras regulaciones procesales. El análisis de la autoayuda ante agresiones en las sociedades occidentales modernas de Black (1983: 35 y ss) comprueba esto de una manera impresionante, ya que demuestra que la autoayuda, esto es, el uso individual legítimo de la violencia, también se da en sociedades modernas y que el Estado lo tolera de una manera más o menos explícita (Black, 1983: 42).

La cuarta regulación, esto es, la regulación de procedimiento de la violencia moderna, se despliega como la dominante durante la transición hacia la sociedad moderna funcionalmente diferenciada. Como tal, lleva implícita una comprensión paradójica de la violencia. A saber, por un lado, las cosas y los estados de hecho relativos a ellas son dispuestos de manera tal que la violencia sólo puede ejercerse dentro de lo social, y por otro lado, pero al mismo tiempo, ninguna violencia puede emplearse en lo social, porque el uso de la fuerza se entiende como el fin (Ausschluss) de lo social. Esta comprensión de la violencia guarda correspondencias con la estructura de la diferenciación de las formas de socialización modernas en plexos de acción y comunicación concretamente específicos, como la economía, la política, la ciencia, etc. En la perspectiva de la institucionalización reflexiva dichos plexos se caracterizan por estar conformados a través de generalizaciones de sentido de un nivel más alto (Lindemann, 2017: 19 y ss). Por eso, esta forma de diferenciación ofrece, en términos lógicos, un marco de dos pasos para la socialización: por un lado, en su carácter de seres humanos, las personas sociales son el elemento institucionalizado de la socialización (Lindemann, 2014: cap. 5.3) y, por otro, las personas sociales son socializadas de manera particular en cada uno de esos plexos o submundos de sentido (Subsinnwelten). De tal forma que preservar la estructura general de una pluralidad de submundos de sentido requiere que ninguno de esos plexos absorba por completo el horizonte de experiencia de los seres humanos (Lindemann, 2012: 440).

En este contexto se hace evidente hasta qué punto la violencia puede entenderse como exclusión de la estructura de la socialización moderna. Esto se observa, sobre todo, en las víctimas de la violencia. Ellas son absorbidas por completo en sus vivencias y una absorción de esa naturaleza las pone estructuralmente fuera de la forma de socialización diferenciada. Esto, sin embargo, puede comprenderse sólo como un problema: los seres humanos no deben ser absorbidos de una manera total por ningún decurso singular de acción funcionalmente determinado. En consecuencia, es precisamente en la crítica a la exclusión violenta donde se pone de manifiesto su forma de inclusión basal presupuesta. El ejercicio de violencia criticable es el que se efectúa contra quienes la violencia no debe ejercerse, es decir, contra los seres humanos (Butler, 2005: 49). En la crítica la violencia muestra su inclusividad.

En una sociedad funcionalmente diferenciada la violencia se convierte en un acontecimiento cada vez más problemático, que no debe tener lugar. Está permitido que ocurra sólo en los bordes de la sociedad y, de esta manera, se tratará de violencia pura o legítima en el sentido de Girard (2002: 41) . Tal violencia es superior o reflexionada (überlegen) y tiene la finalidad de hacer superficial el uso de la fuerza pública. En su autocomprensión, la violencia pura es el último y concluyente uso de la fuerza pública que se pone al servicio de la socialización, que proseguirá su curso en lo sucesivo sin violencia. La violencia pura es siempre “violencia requerida” (Reemtsma, 2008: 191) y, en principio, el Estado moderno es la instancia que dispone su ejercicio.

Una consecuencia importante resulta de esta comprensión de la regulación moderna de procedimiento de la violencia: existe necesariamente una disputa en torno a qué se califica como violencia y, así, alrededor de qué es lo ilegítimo. Desde el uso puro de la fuerza pública, toda violencia es vista como normativamente reprobable y, en consecuencia, como criticable. Por esta razón, calificar determinados acontecimientos como violencia es altamente problemático, porque implica tener que criticarlos normativamente. Por lo tanto, cuando tal calificación tiene lugar, puede asumirse la existencia de un consenso normativo acerca del uso de la fuerza pública dirigido hacia esos acontecimientos, es decir, puede asumirse un consenso en torno a que la violencia pura debe intervenir y poner fin a la violencia criticada.

El potencial analítico de la perspectiva sobre las comprensiones reflexivas de la violencia que propongo se puede explicitar con la disputa en torno a lo que debe considerarse como violencia. La perspectiva permite adoptar un distanciamiento analítico que posibilita, a su vez, tratar conceptualmente determinadas partes de los discursos sociológicos sobre la violencia como componentes integrales del fenómeno que se pretende analizar. El debate instalado por las propuestas de Galtung (1984) sobre una violencia estructural gira de manera explícita en torno a qué es lo que puede calificarse cabalmente como violencia (Trotha, 1997; Schroer, 2004). Mientras Trotha (1997) defiende un concepto estrecho de violencia, Schroer (2004) aboga por uno amplio pues, de acuerdo con su argumento, si la sociología prescindiera de una concepción amplia de la violencia se cerraría a la posibilidad de criticar a la sociedad.

Desde la perspectiva sobre las comprensiones de la violencia aquí planteada, el debate se presenta de la siguiente manera. Si, por ejemplo, fuera posible calificar como violencia al hecho de que, pudiendo ser adecuadamente atendidos, los niños mueran por desnutrición, se requeriría emplear toda la fuerza del Estado para acabar con esa violencia. La recriminación de que esta comprensión de la violencia sólo tiene un carácter sociopolítico (Trotha, 1997: 14) es correcta, pero el cuestionamiento puede hacerse extensivo a todos aquellos críticos que asumen una visión amplia de la violencia, pues toda disputa en torno a si el fenómeno X es un caso de violencia o no participa de la negociación de la sociedad en torno a lo que se califica explícitamente como violencia y, por lo tanto, en torno a lo que es ilegítimo. El proceso institucionalizado de negociación discursiva sobre lo que puede calificarse como violencia es parte intrínseca de la regulación moderna del procedimiento de la violencia.

En el sentido de la inmediatez mediada, la incorporación de estos discursos es indispensable para la comprensión de la violencia, porque son ellos los que legitiman o deslegitiman y, por lo tanto, los que conducen la puesta en práctica inmediata de la violencia. Esto se sigue estrictamente de la regulación moderna del procedimiento de la violencia, ya que la calificación de un fenómeno como violencia convoca a la fuerza pública para que ponga legítimamente fin a esa violencia. Aquí yace el motivo implícito de la sugerencia de Galtung, quien afirmó que las palabras “violencia estructural” podrían reemplazarse por estas otras: “desigualdad social” (Galtung, 1984: 13). No mencionó, sin embargo, el valor agregado que las primeras tienen y que es lo que se persigue al emplearlas. Hablar de violencia estructural implica aumentar la urgencia del involucramiento de la fuerza pública estatal, a los efectos de que ponga fin a una situación legítimamente calificada como violencia.

La consideración de los niños hambrientos como víctimas de violencia es algo que hoy día parece improbable que suceda, más allá de que existan discursos marginales que lo afirmen. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la década de 1950 se consideraba improbable que los arreglos institucionales de los sucesos matrimoniales incluyeran la violencia sexual. Desde una perspectiva actual, el sexo sin el consentimiento de ambos cónyuges se califica como violencia aun dentro del matrimonio, y se considera problemático que no se lo haya visto así durante los años cincuenta. Lo mismo podría suceder con la muerte de niños a causa de la desnutrición, si en un futuro fuera calificada como un acto de violencia.

En lugar de sumarse a la discusión entre conceptos amplios o estrechos de violencia, habría que preguntarse si los hechos comprendidos como violencia por la concepción amplia pueden identificarse como tales desde la perspectiva de la inmediatez mediada de las comprensiones de la violencia. Galtung comienza por las víctimas de la violencia, quienes padecen objetivamente el hecho de no poder actualizar posibilidades que existen en la sociedad. Tanto en los ejemplos como en la operacionalización del concepto al final del libro (Galtung, 1984: 145 y ss), la enfermedad y la desnutrición sufridas por las personas, sobre todo por los niños, son colocadas en el centro de la escena. Dado que no está permitido poner en discusión el sufrimiento inmediato del dolor, del hambre o de la sed, se hablará de violencia estructural cuando tales sufrimientos, a los que se considera resultado de una concatenación de acciones institucionales realizadas por personas, pudieran evitarse mediante una transformación de la estructura de las acciones institucionales.

Llegado este punto podemos aclarar las tareas que Galtung le asignó a la “investigación para la paz”. Si se estableciera dentro del campo una referencia comunicativamente significativa entre víctima y victimario, la mortalidad infantil por desnutrición podría calificarse como violencia. En cambio, si no se encontrara ninguna conexión entre los decursos de acción institucional y la muerte prematura de niños, no habría lugar para hablar de violencia estructural. De allí que Galtung insista de manera implícita en que los victimarios son seres humanos que procuran inducir el hambre. La diferencia entre quienes asesinan de manera directa y quienes lo hacen mediante la violencia estructural residiría en que los decursos de acción institucional que los conectan con sus víctimas son más cortos o más largos (Galtung, 1984: 24). Si se identificara la cadena institucional se reconocería un “canal de violencia” (Galtung, 1984: 24). Quienes obtienen beneficios de esta estructura institucional o la apoyan de manera activa se convierten en usufructuarios de la violencia desde la perspectiva de Galtung. Y lo serían, hablando en términos de sociedad, a partir del momento en que el reconocimiento de la cadena identificada (como si fuera un orden del comercio mundial) alcanzara tal magnitud que debiera suponerse que los participantes conocen el carácter mortal de sus acciones institucionales. Desde ese instante ellos, como mínimo, matarían por negligencia, si es que no lo hacen intencionadamente. Sería importante calificar a esas acciones como violencia y el Estado, mediante el uso legítimo de la fuerza pública, tendría que ponerles fin.

Si se la reconstruyera de esta manera, tal comprensión de la violencia sería completamente conciliable con la violencia concebida como inmediatez mediada: el padecimiento inmediatamente corporal de un niño que se muere de hambre se debe conceptualizar como “ser traumado” (Getroffensein) corporalmente, producto de la violencia, sobre todo si se logra identificar discursivamente como canal de violencia a una determinada concatenación de efectos institucionales. A partir de ese instante, víctima y victimario son señalados como actores corporales vinculados entre sí a través de un canal de violencia. Dicho de otra manera: si se asume que la socialización tiene lugar en procesos de institucionalización reflexiva, la concreción de cursos de acción institucionales la realizan actores corporales. De esta manera, la vinculación entre víctima y victimario es elaborada de manera discursiva y el conocimiento de que son estructuralmente mortales está contenido en la concreción de cada uno de esos cursos de acción -inmediatamente actualizados e institucionalmente mediados-. Se trata de cursos de acción institucional llevados a cabo por actores corporales, que fuerzan a los niños hambrientos a la posición institucional de carenciados, y que los deja sólo con el padecimiento inmediato o la muerte. Desde esta perspectiva, si el concepto de violencia es demasiado amplio o demasiado estrecho es una cuestión sobre la que no tiene mayor sentido extenderse. Es crucial en cambio establecer qué efectos tiene, o debería tener, que una concatenación institucional fuera calificada legítimamente como violencia.

La estructura lógica del argumento puede ilustrarse con un ejemplo. No se trata, en este caso, de identificar violencia en las mediaciones institucionales de la concatenación de acciones, sino en las mediaciones técnicas. Ejemplo: Hay una gran zona desértica que se considera deshabitada. Las fuerzas armadas de un país se sirven de ella como terreno de pruebas para lanzar bombas desde grandes alturas. El desierto no está, sin embargo, deshabitado, sino que lo puebla de hecho una etnia de personas que viven bajo tierra. Los bombardeos provocan víctimas fatales una y otra vez en este grupo. Hasta en tanto los militares puedan afirmar convincentemente en la arena pública que la región está deshabitada, el lanzamiento de bombas no será violencia. Si, en cambio, entre la caída de bombas y los muertos en la población del desierto se identifica una cadena de acción, los bombardeos se convertirán en violencia. Se tratará de actores corporales que ejercen la violencia contra otros actores corporales que la sufren. Aquí encontramos una concatenación técnica entre víctima y victimario. En tanto que la cadena técnica de acción no encuentre seres que cuenten moralmente, no habrá violencia alguna, pero apenas lo haga será calificada como violencia por todos. En su concepto de violencia estructural Galtung traspone esta idea a las cadenas institucionales de acción.

En tanto que no se considere la concatenación de acciones institucionales como un canal de violencia, la violencia estructural accionará, y se sospecha que es el máximo de violencia que puede ejercerse sin que se la reconozca como tal, es decir, sin que se establezca en su contra ninguna obligación de enfrentarla mediante violencia legítima. La violencia estructural tal vez podría denominarse violencia pura par excellence porque, sin que se la pueda identificar como violencia, fuerza a sus víctimas a adoptar una resistencia corporalmente agotadora desde una posición institucional crónicamente inferior.

El concepto aquí presentado de violencia sigue el principio de la inmediatez mediada y, gracias a ello, el campo a investigar se expande, ya que no hay violencia que sólo sea inmediata de este lado de las instituciones. Aun la fuerza física que sin mediación alguna se aplicara a un cuerpo (Körper), sería considerada violencia sólo si fuera dirigida contra cuerpos (Körpern) institucionalmente reconocidos como actores sociales. Incluso las descripciones de Sofsky (1996) , que se dedican de lleno al torbellino de la inmediatez, presuponen límites institucionales entre personas sociales legítimas y otras entidades. Si las víctimas humanas a las que aluden las descripciones fueran reemplazadas por ratones, no conmoverían tan íntimamente al lector moderno. Los familiares del tótem del ratón en cambio estarían tan perturbados como nosotros, los modernos, lo estamos ante toda víctima humana de violencia.

Si se desiste de los enfoques excluyentemente inmediatos del acontecimiento violento, la violencia puede conceptualizarse como una relación (Bezogensein) que está mediada institucionalmente por terceros y que presenta un antagonismo corporal inmediato entre las partes. Con esto no se niega la inmediatez de las referencias corporales al mundo circundante, sino que se acentúa más bien la mediación institucional de esas referencias. El acontecimiento violento queda, en estos términos, enmarcado comunicativamente y se torna él mismo comunicativo. A este conjunto de mediaciones comunicativo-institucionales lo denomino regulación de procedimiento para el ejercicio de la violencia. En el marco de una regulación de este tipo se determina cómo se establecen los límites del círculo de personas sociales, cómo se puede identificar un acontecimiento como violencia y cómo se debe representar la validez de las expectativas normativas.

Dado que sólo puede ser identificada dentro del marco de una regulación de procedimiento, el análisis de la violencia debe avanzar a lo largo de dos andariveles, ya que la perspectiva de la inmediatez mediada concentra la mirada, por un lado, sobre la inmediatez corporal, es decir, sobre el hacer y el padecer antagonista, y, por otro, sobre las mediaciones institucional-comunicativas y técnicas. En estos términos, la violencia sólo puede comprenderse cuando se la enmarca en el análisis comunicativo de las racionalizaciones de su ejercicio regulado. Esto es, un acontecimiento puede ser identificado como violento sólo dentro del marco de las regulaciones de procedimiento. Desde un punto de vista empírico se indaga si hay una o más regulaciones de procedimiento de la violencia en los plexos de socialización, y en último caso si ellas coexisten o compiten entre sí. Los análisis de Black (1983) y de otros apuntan a que las sociedades modernas se deben entender como un plexo donde distintas regulaciones de procedimiento de la violencia compiten. En principio, entonces, el análisis de plexos sociales debe preguntarse cuáles son las regulaciones de procedimiento de la violencia relevantes para el mantenimiento de las expectativas normativas y qué relaciones entablan entre sí. Cabe esperar que el cuidado de los ancianos o un centro geriátrico u hogar de ancianos cuenten también con una regulación de procedimiento de la violencia, al igual que la familia, los emprendimientos económicos o los cuarteles militares. Aunque queda abierta la cuestión de qué relaciones establecen entre sí estas regulaciones y cuáles conforman, a través del Estado o del derecho, con la regulación de procedimiento de la violencia moderna, a la que tantos científicos sociales tienen por la única válida.

La comprensión reflexiva de la violencia también trae aparejada una mirada novedosa sobre el debate en torno a su concepción estrecha o amplia. Desde esta perspectiva se analiza ese debate como parte de la regulación moderna de la violencia, y de ese modo se logra conceptualizarlo y tratarlo como un componente del campo de estudio. La comprensión de la violencia aquí propuesta procura establecer suficiente distancia analítica con el objeto y distinguir así con mayor precisión entre el análisis y los compromisos asumidos dentro del campo de la violencia.